Entra en vigor la nueva Ley de Información Ambiental

Esta noticia la he leído en la página Web de Pórtico Legal y me parece interesante trascribirla.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente entró en vigor el pasado jueves día 20 de julio, al día siguiente de su publicación, y que viene a derogar la Ley 38/1995.
La nueva ley reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas, e impone a las administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos. Entre sus aspectos más importantes, es reseñable la obligación de las administraciones públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible, así como el recurso a las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente. Es, asimismo, destacable, el reconocimiento expreso a las ONG’s para participar como titulares de intereses colectivos.
A través de esta Ley se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas sobre acceso del público a la información medioambiental y la de establecimiento de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, que desarrollan el Convenio de Aarhus. Este convenio obliga a los estados firmantes a garantizar la información pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al mismo tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en materia de medio ambiente. Por su parte, el Título IV y último de la Ley, que se ocupan del acceso a la justicia y a la tutela administrativa, y cuyo objeto es asegurar y fortalecer la efectividad de los derechos de información y participación, entrarán en vigor dentro de tres meses. Con esta ley se incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus, que obliga a los estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental y a la Justicia en materia de medio ambiente.